Aprueba Asamblea Legislativa Sistema Local Anticorrupción

Ciudad de México . - Lunes 17 de julio - 6:59 pm - Redacción

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó el paquete legislativo que dará vida al Sistema Local Anticorrupción, mismo que creará el andamiaje de integración interinstitucional de fiscalización, el cual establece tres instancias fiscalizadoras, revisoras y sancionadoras que se comunicarán entre sí.

Durante la sesión que se prolongó por más de 10 horas, se aprobaron 11 reformas que crearon seis nuevas leyes y actualizaron otras cinco.

El presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, Ernesto Sánchez, expresó en tribuna que el Sistema local Anticorrupción tiene dos ejes que son la transparencia y la fiscalización.

Dentro del paquete de dictámenes se crea la primera Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual permitirá entre otras cosas establecer los principios y las obligaciones que rigen la actuación de servidores públicos de la Ciudad de México.

En el caso de las modificaciones al Código Penal, se crea el titulo de Hechos de Corrupción Contra el Servicio Público Cometidos por Servidores Públicos y prevé hasta 20 años de sanción si el daño que cometa el funcionario excede las 200 unidades de cuenta.

Se castiga también el ejercicio ilegal y el abandono del servicio público, hasta con siete años de prisión.

El pleno legislativo aprobó que la ALDF tendrá la facultad de nombrar a todos los funcionarios del Sistema local Anticorrupción a propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El fiscal anticorrupción será nombrado por mayoría simple y en menos de 10 días posteriores a la promulgación de este Sistema, asumirá el cargo por siete años con la posibilidad de que sea ratificado por un periodo de siete más por una sola ocasión.

La fiscalía conocerá de los hechos de corrupción, la cual formará parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; uno de sus aspectos más relevantes es que fortalece los mecanismos institucionales para prevenir, detectar, investigar, sancionar y erradicar la corrupción.

También está el hecho del nombramiento del secretario de la Contraloría, el cual será designado por las dos terceras partes del pleno de la ALDF, a propuesta del jefe de gobierno capitalino, y durará en su encargo siete años, también con la posibilidad de repetir en el cargo por siete años más.

Para esta secretaría se crea una nueva figura de Comisariado Público, al cual corresponde vigilar que la aplicación de los recursos públicos sea acorde con los programas institucionales y los programas sectoriales que le correspondan.

Se instituye la Ley de Responsabilidades Administrativas, destacan instrumentos de rendición de cuentas como son el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y la constancia de declaración fiscal a través de la Plataforma Digital de la Ciudad de México.

De igual forma, se faculta a la Auditoría Superior para llevar a cabo, de forma extraordinaria, visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías especiales a los sujetos de fiscalización.

Se obliga al Instituto de Transparencia a conducir su actuar bajo el principio de máxima publicidad y a los sujetos obligados a elaborar versiones públicas de los documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial.

También se crea Tribunal de Justicia Administrativa y su respectiva ley, la cual posibilita los juicios en línea, dando viabilidad a la resolución de juicios de manera más rápida y expedita.

Dentro del dictamen por el que se crea la Ley del Sistema Anticorrupción quedó establecido además que a partir de este año, será medida y auditada la efectividad social de las dependencias a través de la creación de la Auditoría Social.

Se trata de un proceso en el que se pretende verificar si las secretarías y alcaldías cumplen o no con sus obligaciones, mediante un control social y ciudadano.

Esta figura es única en América Latina y busca el desarrollo y la implementación de mecanismos que fomenten una mayor participación ciudadana directa y activa.

El plazo constitucional establece como el 18 de julio la fecha máxima para la entrada en vigor del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, por lo que el jefe de gobierno local deberá promulgar dichas normas en las próximas horas.