. - Jueves 5 de diciembre - 9:36 am -
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda investiga al presidente mexicano Vicente Fox Quesada, y los de su hijo, Rodrigo Fox de la Concha por el delito de defraudación fiscal.
De acuerdo con fuentes consultadas por Carlos Loret de Mola, existen al menos 13 empresas vinculadas con el guanajuatense y su hijo – como Centro Fox, Fundación Fox-, que en conjunto habrÃan recibido aproximadamente 700 millones de pesos en un perÃodo de cuatro años.
Esta cantidad no habrÃa sido declarada ante el SAT, por lo que se iniciarÃa una investigación, por parte de la dependencia dirigida por Santiago Nieto, misma está deliberando si se configura el delito de defraudación fiscal, para entonces, poder proceder penalmente contra Vicente Fox, refiere la columna.
En julio, tanto como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) señalaron que un «expresidente» estarÃa en la mira del gobierno.
“Tengo una información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos, pero eso lo ve el SAT… Tanto decÃan que de qué vivÃa yo, pero yo sà pago mis impuestosâ€, dijo AMLO en conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con las declaraciones del hijo de “El Mayoâ€, Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo†en el libro más reciente de la periodista Anabel Hernández El traidor: El diario secreto del hijo del “Mayoâ€, Jesús “El Rey†Zambada GarcÃa, hermano del narcotraficante Ismael “El Mayo†Zambada GarcÃa, entregó tres millones de dólares al Gobierno de Vicente Fox.
Esta transacción se habrÃa llevado a cabo a través del titular de la AFI, Genaro GarcÃa Luna, para que se nombrara a Norbeto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, refiere la publicación.
Además, en mayo de este año Fox fue acusado por delitos de lesa humanidad junto con Felipe Calderón, asà como del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la FiscalÃa de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias llevadas a acabo en 2006 y 2007, durante las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Con información de Regeneración
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