Instalar� Capufe su propia red de casetas

. México - Miércoles 23 de diciembre - 12:46 am - Redacción

A fin de terminar con la dependencia de terceros para el cobro de casetas, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), que administra las principales autopistas de cobro del país, instalará su propio sistema de telepeaje.

“Actualmente, el 30 por ciento de aforo y 50 por ciento del ingreso se realiza a través de este sistema, por lo que es imperativo que Capufe, consolide un sistema de telepeaje propio, que permita elevar el nivel de servicios y lograr ser competitivo para estar acorde a las tendencias tecnológicas e irreversibles en la operación de autopistas de cuota”, señala su Programa Institucional 2020-2024.

Para ello, realizará ajustes estructurales y operativos a fin de transitar a este nuevo modelo propio de casetas en 2024.

PERMITIRÁ EL USO DE LA MARCA IAVE

El esquema de Capufe permitirá el uso de la marca IAVE para los telepagos en todas las carreteras y puentes del país, sin importar que la plaza de cobro sea de un operador privado, y buscará establecer tarifas accesibles a todos los usuarios.

LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA

De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe, que dirige Elsa Veites Arévalo, cuenta con procesos específicos deficientes en la operación de la red operada; obsolescencia en las herramientas administrativas y tecnológicas en las plazas de cobro; deficiente asignación de recursos para el mantenimiento y la operación a los caminos y puentes bajo su cargo; rezagos en los servicios a los usuarios.

Además de que cuenta con una estructura organizacional desactualizada y pasivos contingentes que, en su conjunto, “han generado el debilitamiento del rol institucional como operador de autopistas del gobierno federal”.

BAJO GRADO DE CONFORT Y SEGURIDAD

Respecto al rezago en los servicios de mantenimiento y conservación, Capufe dio cuenta que siete de las 40 carreteras de la Red Fonadin cuentan con una calificación por debajo de la mínima establecida, debido al incumplimiento de indicadores como el grado de confort y seguridad al transitar por una de estas vías.

CUENTAN CON UNA CALIFICACIÓN MENOR

“En lo que se refiere a la Red Fonadin, el rezago en el mantenimiento y conservación, depende de la asignación de los recursos que Banobras otorgue para este fin, por lo que esta condición, ha complicado el cumplimiento a los programas de conservación asignados a esta Red, detectándose que siete autopistas, se encuentran con una calificación menor a los 400 puntos”, acota el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Para esta evaluación se toman en consideración factores como corona, drenaje, derecho de vía, señalamiento vertical, señalamiento horizontal, entre otras variables. En este sentido, la calificación total de la autopista se encuentra en un rango de cero a 500, en la que el valor mínimo aceptable es de 400 puntos para un de tramo de 10 kilómetros por sentido.

SE REQUIERE MANTENIMIENTO

Así mismo, informó que 89 por ciento de los puentes de los 28 que conforman su propia red, requieren de mantenimiento en el mediano plazo, mientras que 14 por ciento de éstos consideran necesario la implementación del mantenimiento regular.

Para mejorar el mantenimiento y la prestación de los servicios de operación plantea revisar y actualizar los términos y alcances del contrato de prestación de servicios de la Red Fonadin, celebrado entre Capufe y Banobras, para atender compromisos en materia de: un “nuevo modelo de telepeaje, fondos para pasivos y de contingencias, contratos plurianuales, servicios al usuario, contratación de servicios de outsourcing y Derecho de Vía”.

También establece implementar un programa plurianual y un nuevo modelo de supervisión de obras para los trabajos de esta Red Fonadin.

ABUSO DE LOS CONSTRUCTORES

Por su parte, también detectó que en materia de contratación de obra pública se ejecutaron alrededor de tres y cinco convenios modificatorios por contrato de obra pública, lo que llevó al abuso de esta figura por parte de los constructores para aplazar los tiempos de entrega de los proyectos.

“Esta situación ha dado pie a que el contratista o representante legal de la empresa lleve a cabo esta práctica, cuando detecta la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido y las causas sean o no imputables a él, también cuando se percate de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales, lo que redunda en perjuicio del Organismo. Además, se detectaron algunas duplicidades en actividades de mantenimiento entre los campamentos y los contratos asignados”, apunta el organismo descentralizado de la SCT en su análisis.